José Gustavo Arocha 
PUNTOS CLAVE
- El 20 de abril de 2026, Ali Zaki Hage Jalil arribó a Panamá luego de que Venezuela aprobara su extradición en relación con el atentado de 1994 contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, lo que representa el avance más significativo del caso en tres décadas.
- El vuelo 901 fue derribado por una bomba el 19 de julio de 1994, un día después del atentado contra la AMIA en Buenos Aires. Las 21 personas a bordo murieron, entre ellas pasajeros judíos panameños, ciudadanos estadounidenses y ciudadanos israelíes. La inteligencia estadounidense atribuyó el atentado en Panamá a Hezbolá como parte de la misma ola operativa.
- Los fiscales panameños sostienen que Hage Jalil ayudó a organizar la operación, incluida la adquisición de materiales explosivos bajo identidades falsas. Al mismo tiempo, Ali Hawa Jamal llevó la bomba a bordo y murió en la explosión.
- El caso sólo recobró impulso después de que la inteligencia israelí compartió nuevas pruebas con Panamá en 2017; el presidente Juan Carlos Varela confirmó posteriormente que el primer ministro Benjamín Netanyahu había transmitido personalmente el material.
- Las autoridades venezolanas funcionaron durante mucho tiempo, en la práctica, como un escudo para Hage Jalil. La extradición sólo fue posible después de que el tribunal venezolano aceptara que la naturalización de Ali Hage en 2005 se había obtenido de manera fraudulenta para evadir la justicia panameña.
RESUMEN EJECUTIVO
El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de Alas Chiricanas despegó del Aeropuerto Enrique A. Jiménez (ONX), históricamente conocido como France Field en Colón, Panamá, en un corto trayecto doméstico hacia la Ciudad de Panamá. Minutos después del despegue, al sobrevolar el Cerro de Santa Rita, la aeronave explotó.
Las 21 personas a bordo perdieron la vida, entre ellas doce miembros de la comunidad judía panameña, tres ciudadanos estadounidenses y pasajeros de otras nacionalidades, incluidos cuatro con pasaportes israelíes. Un cuerpo quedó sin reclamar. Posteriormente, los investigadores lo identificaron como Ali Hawa Jamal, el hombre que, según creen, llevó el artefacto explosivo a bordo oculto dentro de una radio.
La explosión no fue un incidente aislado. Apenas un día antes, una camioneta bomba había devastado la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario judío en Buenos Aires, dejando 85 muertos.
La inteligencia estadounidense concluyó que Hezbolá, bajo dirección iraní, fue responsable tanto del atentado contra la AMIA como del ataque a Alas Chiricanas, considerándolos parte de una única operación coordinada contra comunidades judías e intereses occidentales en ambos países, en un lapso de 24 horas.
El caso se estancó durante casi tres décadas. Panamá no emitió una imputación formal hasta 2022, e INTERPOL no emitió una Notificación Roja hasta 2025. En noviembre de 2025, las autoridades venezolanas, en colaboración con INTERPOL, arrestaron a Ali Zaki Hage Jalil en la Isla de Margarita, donde había vivido abiertamente y operado un negocio durante años sin interferencia alguna.
Este reporte reconstruye el atentado de 1994 y la investigación posterior. Examina también el perfil de Hage Jalil, sus presuntos vínculos con redes operativas, el trayecto judicial que culminó en la extradición y lo que todo ello significa para la seguridad del Hemisferio Occidental.
Según los fiscales, la bomba estaba oculta dentro de una radio que Ali Hawa Jamal llevaba a bordo. Tras el accidente, su cuerpo fue el único que quedó sin reclamar, un detalle que se convirtió en central para la investigación.
CONTEXTO REGIONAL Y VÍNCULOS CON HEZBOLÁ
La conexión con la AMIA
El atentado suicida contra el centro cultural de la AMIA en 1994 fue una respuesta de represalia al realineamiento geopolítico de Argentina con los Estados Unidos y a la subsiguiente cancelación de la cooperación nuclear y militar con Irán. Estratégicamente, el régimen iraní veía a Argentina como una “segunda Israel” y buscaba establecer una base de inteligencia permisiva en la región, utilizando coberturas comerciales, específicamente empresas pantalla en la industria cárnica, e inmunidad diplomática.
El momento elegido es uno de los hechos más significativos desde el punto de vista analítico del caso. El atentado contra el vuelo 901 ocurrió apenas un día después de que una camioneta bomba destruyera la AMIA en Buenos Aires. Los investigadores argentinos y estadounidenses concluyeron que Hezbolá, bajo la dirección iraní, ejecutó tanto el atentado de Buenos Aires como el de Panamá. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) llegó a la misma conclusión respecto a Panamá: dos países, dos blancos, la misma ventana operativa de 24 horas.
La inteligencia israelí, según reportes panameños, ha vinculado ambos atentados a una campaña de represalia más amplia que operaba a través de Hezbolá en aquella época. Vistos en conjunto, no son dos incidentes aislados. Son dos movimientos dentro de una misma operación.
Para Observar: La presencia de Hezbolá en América Latina es de larga data y no depende de estructuras militares visibles. Desde al menos la década de 1980, el grupo ha operado a través de redes de la diáspora libanesa en varias zonas clave: la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay; la costa caribeña de Colombia, en particular Maicao; y Venezuela, especialmente en la Isla de Margarita y en Caracas.
Las designaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. han identificado reiteradamente a personas y entidades en estas áreas como componentes de la infraestructura financiera y logística de Hezbolá: restaurantes, empresas de importación-exportación, comercios de electrónica y casas de cambio que generan efectivo, mueven fondos y brindan cobertura operativa.
La investigación
Tras el atentado, un grupo que se autodenominó Ansar Allah, “Partidarios de Dios”, se atribuyó la responsabilidad. La inteligencia estadounidense considera que el nombre es una fachada que Hezbolá utiliza para distanciarse de un ataque. El mismo alias había aparecido tras el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992.
La atribución por parte de la ODNI del atentado en Panamá a Hezbolá refleja un juicio construido a lo largo de décadas de recolección y análisis de información. El FBI mantuvo vigente un aviso de búsqueda de información y una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre Hage Jalil. La investigación solo cobró impulso en 2017, cuando el entonces presidente Juan Carlos Varela reactivó el caso a partir de nuevos informes de inteligencia de EE.UU. e Israel.
En los días inmediatamente posteriores al ataque, los investigadores se concentraron en el único cuerpo sin reclamar. El análisis forense lo identificó como Ali Hawa Jamal, quien había abordado el vuelo en Colón con una bomba escondida dentro de una radio. Ese hallazgo lo estableció como el presunto autor material y dirigió la investigación hacia quienes lo habían apoyado, equipado o dirigido.
Para Observar: Los fiscales de Panamá alegan que Hage Jalil coordinó los componentes logísticos de la operación: adquirió materiales explosivos mediante documentación falsa, trabajó junto a Jamal en los días previos al atentado y se presentó en el lugar del accidente tanto el día del ataque como al día siguiente, identificándose como quien colaboraba en las tareas de recuperación.
El 6 de octubre de 1994, setenta y nueve días después del atentado, las autoridades panameñas arrestaron a Hage Jalil por tenencia ilegal de armas. Portaba diez subametralladoras Mini Mac de 9 mm con los números de serie borrados.
Un allanamiento a su apartamento en la Ciudad de Panamá al día siguiente permitió incautar seis armas automáticas adicionales, cargadores de munición, fulminantes y cordón detonante militar del mismo tipo utilizado en el atentado, además de 500.000 dólares estadounidenses en certificados bancarios panameños.
Cuando se le preguntó sobre los componentes detonantes, afirmó que los había comprado a unos niños en una gasolinera por 25 centavos cada uno. Los investigadores no consideraron creíble esa versión.
No se concretó ninguna acción penal por terrorismo. Hage Jalil fue liberado, regresó a Venezuela y reanudó su actividad comercial. Los registros migratorios indican que continuó viajando a Panamá con fines recreativos, incluido el paracaidismo, hasta aproximadamente 2019 o 2020, sin que pesara sobre él ningún proceso legal activo.
¿Quién es Ali Zaki Hage Jalil?
Ali Zaki Hage Jalil nació el 25 de octubre de 1968 en Maicao, La Guajira, Colombia, un pueblo fronterizo que la inteligencia estadounidense ha vinculado a redes comerciales libanesas y a actividades financieras asociadas a Hezbolá.
Se trasladó a la Isla de Margarita, en Venezuela, cuando era niño; completó su educación en Nueva Esparta y estudió administración de empresas en Caracas.
Alrededor de 1990, se mudó a la Zona Libre de Colón, en Panamá, donde residió durante aproximadamente cuatro años. En procedimientos ante el Tribunal Supremo de Venezuela, declaró haber recibido entrenamiento militar en el Líbano.
Tras regresar a Venezuela en 1995, estableció una presencia comercial en la Isla de Margarita, incluyendo Beach Bar & Lounge C.A., un restaurante de lujo constituido en mayo de 2005, del cual posee el 99,99% de la propiedad. El SENIAT lo clasifica como Contribuyente Especial, una designación reservada para operaciones comerciales de alto volumen.
Para Observar: Se convirtió en ciudadano venezolano por naturalización en 2005, once años después del presunto atentado. Los fiscales venezolanos sostuvieron, y el Tribunal Supremo coincidió, que la fecha no fue accidental; fue una maniobra legal calculada para crear una barrera constitucional contra la extradición.
El análisis de inteligencia financiera y el mapeo de redes, basados en datos del Departamento del Tesoro de EE.UU., ubican a Hage Jalil dentro de una red vinculada a Hezbolá en Venezuela, con nexos con entidades comerciales señaladas en investigaciones sobre el financiamiento de la proliferación. Beach Bar & Lounge C.A. opera, según los reportes, dentro de un conjunto de empresas en Nueva Esparta involucradas en esta actividad.
El perfil se ajusta a un patrón conocido. Raíces en la diáspora libanesa, operaciones comerciales en una economía insular turística, vínculos con el comercio libre de impuestos y viajes internacionales frecuentes. La supervisión financiera históricamente débil de la Isla de Margarita y la alta circulación de divisas extranjeras crearon un entorno en el que estas redes podían operar durante años con escasa vigilancia.
Hage Jalil supuestamente interpuso múltiples capas entre sí y dejó un rastro documental claro. Portaba dos pasaportes: colombiano por nacimiento, venezolano por naturalización, con la misma fecha y lugar de nacimiento, pero con dos identidades legales separadas, dos juegos de documentos de viaje y acceso a dos sistemas jurídicos distintos.
El mismo patrón apareció en sus registros tributarios. Los datos del SENIAT venezolano muestran dos registros de contribuyentes activos en la misma dirección de Pampatar: uno bajo su identidad venezolana y otro bajo una identidad de residente extranjero. En la práctica, esto dificulta enormemente construir una imagen financiera completa; los activos, cuentas y obligaciones pueden distribuirse entre distintos nombres y bases de datos.
Este patrón no parece ser un error administrativo. Parece un sistema deliberado, coherente con las técnicas de opacidad financiera que el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha documentado en casos vinculados a Hezbolá en toda la región.
La convergencia crimen-terrorismo
Este caso pone rostro a algo que suele mantenerse abstracto en los debates de política pública: la forma en que el terrorismo y el crimen organizado comparten la misma infraestructura en América Latina. Hezbolá no proyecta tener poder aquí mediante operaciones militares. Lo hace mediante el dinero y a través de personas que parecen empresarios, propietarios de restaurantes, que dirigen empresas de importación y están profundamente insertos en la vida comercial, sin que nadie tenga razones para mirarlos dos veces.
Para Observar: La brecha de 28 años entre el atentado de 1994 y la imputación de Panamá en 2022 no es solo un retraso procesal. Fue un periodo durante el cual un presunto facilitador pudo construir cobertura comercial, obtener protecciones ciudadanas y armar una defensa legal.
Los registros migratorios venezolanos muestran que, entre 2005 y 2018, Hage Jalil viajó reiteradamente por Europa, América Latina y el Caribe, incluyendo múltiples entradas al propio Panamá, sin ningún procedimiento activo en su contra.
Los facilitadores del terrorismo no entran en letargo al terminar una operación. Consolidan su posición y sus redes siguen funcionando. Un proceso judicial, tres décadas más tarde, aún tiene un valor real.
Aun así, no es lo mismo que interrumpir a alguien antes de que pueda atrincherarse tras protecciones legales, infraestructura comercial y cobertura institucional. Esa es precisamente la brecha que este caso ilustra.
La extradición a Panamá
El 27 de marzo de 2026, la Sala de Casación Penal de Venezuela dictó una sentencia que autorizó la extradición de Ali Zaki Hage Jalil. Esta decisión tiene un significado que trasciende el caso individual. Bajo el régimen de Maduro, Venezuela se convirtió en un entorno permisivo para actores vinculados a Hezbolá, proxies iraníes y redes criminales transnacionales.
La administración posterior a Maduro ha señalado una reorientación hacia la cooperación con los Estados Unidos, y este traslado, ejecutado bajo supervisión estadounidense, constituye una expresión concreta de ese cambio.
Llegada a Panamá: El 20 de abril de 2026, Hage Jalil aterrizó en la Ciudad de Panamá en el vuelo CM222 de Copa Airlines y fue puesto bajo custodia. La fiscal Geomara Guerra, de la Fiscalía Superior de Descarga, lleva el caso.
Al momento de redactar este reporte, no se había fijado la fecha del juicio. Enfrenta cargos por homicidio doloso y por delitos contra la seguridad colectiva, según la legislación panameña vigente al momento del atentado.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, dio la bienvenida a la extradición y declaró que representa un paso importante para esclarecer, mediante procedimientos judiciales, el presunto papel de Hezbolá en el atentado. El Comité Conciencia Viva, que representa a las familias de las víctimas, expresó su gratitud al gobierno panameño y manifestó que el juicio constituye la primera oportunidad real en tres décadas para establecer un registro factual completo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La inteligencia estadounidense vincula el atentado de las Alas Chiricanas con una operación coordinada de Hezbolá que causó la muerte de más de 100 personas en dos países en menos de 48 horas. El sospechoso, a quien los fiscales panameños identifican como el presunto facilitador logístico, pasó las tres décadas siguientes en Venezuela, administrando un negocio, viajando con libertad y reingresando a Panamá en múltiples ocasiones sin enfrentar procedimiento penal alguno.
Eso cambió el 20 de abril de 2026, cuando Hage Jalil llegó a Panamá para ser juzgado. Este caso deja lecciones que trascienden la sala de audiencias. SFS ofrece las siguientes recomendaciones:
1. APOYAR UNA PROCURACIÓN PENAL COMPLETA Y JUSTA. Estados Unidos, Israel y los gobiernos aliados deberían brindar a Panamá el respaldo investigativo y fiscal que requiera, incluida la cuidadosa compartición o desclasificación de inteligencia relevante. Una condena construida sobre bases legales sólidas tendrá, a largo plazo, mucho más peso que otra que pueda ser impugnada por vicios procesales.
2. AMPLIAR LAS DESIGNACIONES DE HEZBOLÁ EN LA REGIÓN. Varios estados latinoamericanos aún no han designado formalmente a Hezbolá como organización terrorista. Sin ese paso, el intercambio de inteligencia financiera se limita, el congelamiento de activos se vuelve jurídicamente complejo y el enjuiciamiento de conductas vinculadas a Hezbolá enfrenta barreras estructurales innecesarias. Este caso hace concreto el costo de esa carencia.
3. DESMANTELAR ESQUEMAS DE EVASIÓN MEDIANTE DOBLE IDENTIDAD. La estructura de doble identidad fiscal presuntamente utilizada por Hage Jalil —dos registros de contribuyente, dos cédulas y una dirección— es poco probable que sea una táctica aislada. La OFAC y las unidades regionales de inteligencia financiera deberían examinar sistemáticamente los registros venezolanos y regionales en busca de patrones similares. Ambas identidades registradas de Hage Jalil y las entidades corporativas vinculadas a ellas merecen una revisión con miras a sanciones o al congelamiento de activos.
4. MANTENER ACTIVOS LOS CASOS HISTÓRICOS. La brecha de 28 años entre el atentado de 1994 y la imputación de Panamá debe servir de advertencia sistémica. Los casos de terrorismo no pierden relevancia con el tiempo. Sin una gestión activa del caso, un monitoreo sostenido y el uso oportuno de la nueva inteligencia, los presuntos facilitadores pueden atrincherarse detrás de la infraestructura comercial, las protecciones legales y el paso del tiempo.
5. PONER A PRUEBA QUÉ SEÑAL REPRESENTA REALMENTE ESTA EXTRADICIÓN. Una extradición es significativa, pero por sí sola no constituye un cambio de política. La disposición declarada del gobierno post-Maduro a cooperar en materia de contraterrorismo debe ponerse a prueba mediante acciones: identificar a otros sospechosos radicados en Venezuela vinculados a Hezbolá o a proxies iraníes, y buscar extradiciones, sanciones o medidas legales apropiadas dondequiera que las pruebas lo respalden.
