Sobre democracia y seguridad ciudadana

La razón esencial del Estado: la seguridad de los ciudadanos La democracia requiere un sistema de contrapesos, controles y balances para su subsistencia y desarrollo. Por eso es que todas las democracias sólidas del mundo reposan sobre la separación clara de tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Pero al igual que las personas, las democracias engordan, se vuelven inoperantes y corren riesgo de acabar muriendo de inanición. Del mismo modo que la votación popular de toda decisión ha sido el método infiltrado por el castrismo para debilitar las democracias latinoamericanas, la generación involuntaria de múltiples poderes adicionales ocasiona mediatización y neutralización mutua, impidiendo la gestión eficaz del gobierno y poniendo en riesgo la necesaria credibilidad del sistema democrático. A raíz de la experiencia adquirida en las últimas décadas, se hace imprescindible repensar y rediseñar el funcionamiento de ciertas instituciones que, en medio del loable afán democrático, han acabado por debilitar el balance de los tres poderes del Estado. Entidades como el Tribunal Constitucional, la Contraloría y la Procuraduría requieren un rediseño que fortalezca sus funciones sin contraponerlas a la necesaria existencia de solo tres poderes del Estado. No es posible, por citar un caso, que el TC quebrante la preclusión y la identidad procesal o atropelle la irretroactividad, sin consecuencias. Hay además otros cambios cuya necesidad hace irracional seguirlos postergando. Justicia que tarda no es justicia. Hace falta aplicar la teoría de colas y el estudio de los procesos a la actividad jurisdiccional para detectar los cuellos de botella y solucionarlos. Para ello habrá que aumentar, sin duda, el número de jueces (tras la evaluación de procesos y tiempos) y sus niveles de preparación especializada (para que entiendan a tiempo las materias que debe juzgar). Pero también será necesario despenalizar algunas materias y generar o reforzar métodos más ágiles de solución de controversias, fortaleciendo el carácter definitivo de estas soluciones. La democracia, para ser sólida, requiere además mostrar a la población que es capaz de gestionar eficazmente la otra razón esencial para la existencia del Estado: la seguridad de los ciudadanos. Sin seguridad el resultado de todo esfuerzo se torna riesgoso; ya sea en salud, educación o cualquier forma de inversión personal, corporativa o estatal. Oponer cifras y titulares benévolos de prensa amiga a la fundada percepción ciudadana puede satisfacer a unos pocos, pero acaba enardeciendo a muchos más. Y el pedido de mano dura que esto causa suele favorecer aventuras desastrosas para la libertad. La única estadística oficial difícil de falsear es la de homicidios urbanos. Es irresponsable creerse las cifras oficiales de ¨victimización¨ o porcentajes de afectación real por la delincuencia, cuando sabemos que alrededor del 80% de las víctimas de asaltos y arrebatos no denuncia el acto. Para tener el dato exacto no se puede recurrir a encuestas de limitada cobertura, habría que hacer un censo casa por casa en las ciudades más pobladas del país, como el censo de informalidad realizado por el ILD en 1985. Quedarse en el estudio (“observatorio” es la palabra que más parece gustar a algunos) equivale a pretender que el enfermo sane con el termómetro. Hace falta estrategia y liderazgo para que todos los operadores de justicia, actuando conjuntamente, permitan ganar terreno a la impunidad. Y eso es algo que aún no veo. Lee el artículo original en El Montonero.