Bombas en Siria y en la política peruana En esta semana, una secuencia ya habitual de torpeza gestual, incontinencia verbal y aparente poca disciplina en el gabinete —por alucinados afanes democristianos, evidentemente personalistas— complicó innecesariamente y una vez más la impostergable coordinación de las dos fuerzas genuinamente democráticas con mayor relevancia en la actualidad. Tanto ciudadanos de a pie como inversionistas, esperamos hace ya nueve meses que las coincidencias (mucho mayores que las divergencias) generen un acuerdo para emprender las grandes reformas que el país necesita. La justicia, el sistema electoral, la seguridad y la educación no pueden esperar más. A lo dicho en el primer párrafo, se unió la tensa coyuntura “peribélica” en torno a Norcorea, tras los bombardeos en Siria y Afganistán, con los que EE.UU. le habló fuerte “a Juana para que escuche Chana”. Pero por estos lares hubo una bomba de tiempo política, deliberadamente contenida por la notoria complicidad de todos los tonos, desde el rojo tirapiedras hasta el rosado barranquino-sanisidrino. De comprobarse lo que ya pocos dudan respecto a la identidad del homicida capitán Carlos, todo indicaría que con conocimiento, premeditación, alevosía y ventaja, por odio, temor, o sabe el diablo qué razones, nos endilgaron cinco años de un probable homicida reiterado y sistemático. Un homicida que habría actuado por iniciativa propia, y no por la esotérica responsabilidad mediata. Este personaje, emparejado con una émula imperfecta de Evita, fieles a los postulados del manual del foro de Sao Paulo y de la mano de los corruptos financistas de ese mismo foro (y que nunca negaron su admiración por el régimen que hoy baña de sangre Caracas), frenaron la inversión minera y petrolera en el Perú. Y dejaron, además, esa tremenda bomba de tiempo de la corrupción en la gran construcción de infraestructura. Hay que tener cara dura para simular indignación porque ampayan sus diálogos (coincidentes con los apuntes que hizo Nadine Heredia o su secretaria, Verónika Mendoza, en la famosa agenda) con jueces y fiscales, tras haber sido publicada la larga lista de seguimientos e intercepciones ilegales que se ordenaron durante su gobierno. El Poder Judicial está obligado a ser cauteloso y coherente en el tratamiento como prueba de grabaciones o filmaciones realizadas sin autorización de uno de los protagonistas, o sin orden judicial expresa para uno de los extremos de la línea (solo un loco usa el teléfono para hablar consigo mismo), pues la ya tenue credibilidad del sistema judicial peruano puede colapsar. Si para Toledo hay orden de captura por indicios de corrupción, ¿son acaso menos graves los indicios de delitos de lesa humanidad? ¿Si hay un ex presidente preso porque se supone que él sabía de ciertos crímenes, no hay más razón para por lo menos detener a un probable autor directo? Recordemos que varios de los que delinquieron en la salita del SIN acabaron con sus huesos en la cárcel justamente por filmaciones que ellos no autorizaron. Entretanto, un ministro aún a flote por las aguas (literalmente), reemplaza la vieja y alucinada tesis de la percepción de sus otrora asesorados, por los índices. Cuidado, que pasado El Niño costero, viene el temor ciudadano, que no se ha ahogado y está absolutamente consciente del riesgo real. A diferencia del ministro, la población no tiene escolta policial ni guardia en la puerta. Lee el artículo original en El Montonero.