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Nov 25, 2015 0 Comments

Acusan al régimen venezolano de vender pasaportes a terroristas en el Medio Oriente

El Gobierno venezolano estaría presuntamente implicado en la emisión de documentos y pasaportes para grupos terroristas; así lo afirmaron medios de comunicación locales, tras la confesión de un supuesto diplomático venezolano y un artículo de investigación del portal ArmandoInfo.

Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), identificado como Misael López Soto, quien supuestamente fue consejero de la embajada venezolana en Irak, confesó a la periodista venezolana Andreina Flores que fue testigo de que el Gobierno venezolano entrega documentos diplomáticos a terroristas del Medio Oriente.

López, quien también dijo ser abogado, explicó en un video que empleados de la embajada venden visas, pasaportes, cédulas de identidad y certificados de nacimiento venezolanos a personas de Siria, Palestina, Irak y Pakistán que pagaron entre US$5.000 y US$ 15.000 para obtener los documentos “bajo la mirada complaciente de las autoridades diplomáticas venezolanas”.

De acuerdo con el supuesto diplomático venezolano, muchos de los beneficiados con esta documentación ilícita venezolana están ligados a organizaciones terroristas de tendencia chiita como Hizbollah.

La periodista informó que López Soto denunció ante el embajador de Venezuela en Irak, Jonathan Velasco el 29 de marzo de 2014, a una trabajadora irakí de la embajada venezolana por el uso de material exclusivo para la entrega de la documentación; sin embargo, la misma trabajadora se encuentra actualmente acreditada como empleada local de la embajada venezolana en Irak, situada ahora en Amman, Jordania; lo que demuestra que el embajador Velasco hizo “caso omiso” a la denuncia.

Misael Alejandro de Jesús López Soto (40 años, Cédula de Identidad Nº 12.436.02 ) es venezolano, y de acuerdo con el portal digital del Instituto Venezolano de Seguros Sociales es trabajador activo del CICPC (con datos actualizados el 2 de noviembre de 2015), desde el 4 de julio de 2013; ha estado inscrito en el Registro Electoral Permanente en los estados Lara, Miranda y Trujillo, donde nació.

PanAm Post contactó al director de ese organismo, el comisario José Gregorio Siarralta, para tratar de corroborar si en efecto López Soto es funcionario de ese cuerpo de seguridad, y si continúa laborando para esa institución, pero una vez que el funcionario conoció desde dónde se le hacía la llamada, colgó el teléfono.

Lo mismo sucedió con el subdirerector del CICPC, el comisario Douglas Rico, quien en la primera llamada dijo que averiguaría si López Soto continúa como funcionario de ese organismo, y posteriormente fue llamado para conocer su respuesta, pero nunca más respondió.

Las declaraciones de López Soto coinciden con detenciones de ciudadanos que han sido capturados con pasaportes venezolanos.

En 2003 fue detenido Hasil Mohammed Rahaham-Alan, quien viajaba con un presunto pasaporte venezolano, llegó en un vuelo de British Airways al aeropuerto de Heathrow muy cerca de Londres.

Su vuelo partió de Caracas e hizo escalas en Colombia y Barbados; con él llevaba una granada en su equipaje lo que ameritó la evacuación del terminal y el movimiento de militares.

En 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió un comunicado en el cual aseguró que “es extremadamente preocupante ver que el Gobierno de Venezuela emplea y provee refugio a facilitadores y recaudadores de fondos de Hezbollah”.

Esto porque Ghazi Nasr al Din (Cédula de Identidad Nº 18.190.527), quien estuvo solicitado por la Interpol, sirvió supuestamente como encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Damasco, Siria, y fue nombrado posteriormente Director de Aspectos Políticos de la Embajada de Venezuela en el Líbano. Actualmente aparece en el Consejo Nacional Electoral como elector desde Damasco en Siria.

Angelina Jaffé, abogada y especialista en Derecho Internacional explicó a PanAm Post que estas acciones ilícitas podrían traer consecuencias sobre los ciudadanos, debido a que “el pasaporte venezolano obtendría poco valor”.

“El pasaporte venezolano no valdrá nada, los venezolanos podríamos ser sometidos a una revisión más exhaustiva por parte de las autoridades migratorias de otros países, podríamos ser sometidos a dobles chequeos y haría aún más engorroso el tránsito de los venezolanos”; aseveró.

Jaffé señaló además que de confirmarse cualquier delito en cualquier funcionario venezolano, a nivel internacional tendría diversas implicaciones; pues acarrearía restricciones severas en los distintos países que se encuentran en la lucha contra el terrorismo.

Concluyó explicando que de ser ciertas estas acusaciones, el Gobierno venezolano podría estar siendo monitoreado por naciones que han concertado entre sí una lucha incansable contra los grupos terroristas.

“Amenaza a la seguridad inmigratoria”

Un reportaje de Armando.Info también asegura que al menos tres países en el mundo, Canadá, Líbano y Bulgaria han detectado que miembros de grupos irregulares del Medio Oriente, burlan la seguridad de sus países con pasaportes venezolanos auténticos.

En el artículo, la periodista Adriana Rivera asegura que Cuba tiene un papel fundamental en la entrega y registro de dichos documentos, ya que desde el año 2000 el Gobierno de la isla y Venezuela mantienen un convenio de cooperación en diversas áreas incluyendo las de seguridad y defensa de la nación suramericana.

El Centro para una Sociedad Libre Segura con sede en Washington publicó en 2014 un trabajo titulado:  “Canadá en guardia: Evaluando la amenaza de Irán, Venezuela y Cuba a la seguridad inmigratoria”; allí los autores aseguran que Venezuela emitió al menos 173 pasaportes venezolanos a islamistas radicales que buscaban entrar a Norteamérica.

Los autores de este informe, Victoria Henderson, directora general del Instituto de Canadá de Análisis Social y Económico (ISEA); Fernando Menéndez, investigador del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS, por sus siglas en inglés) y Joseph Humire; director del SFS, vinculan al actual gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami quien estuvo al frente del Ministerio de Interior entre 2008 y 2012, y presuntamente habría creado una red de lavado de dinero para encubrir el financiamiento a grupos extremistas del Medio Oriente. Además aseguran que durante años, El Aissami ha estado ingresando terroristas iraníes a Venezuela.

Narcovuelos desde Venezuela hacia Irán

No es la primera vez que los medios de comunicación hacen referencia a las relaciones ilícitas entre Irán y Venezuela; el pasado mes de marzo el semanario brasileño Veja publicó un reportaje en el cual asegura que el vuelo creado para cubrir la ruta Caracas-Damasco-Teherán entre 2007 y 2010 se utilizaba para transportar dinero malhabido, armas, drogas y criminales solicitados por la Interpol.

De acuerdo con testimonios de exfuncionarios venezolanos exiliados en Estados Unidos el vuelo operado en conjunto por las aerolíneas estatales Conviasa, de Venezuela, e Iran Air “viajaba casi siempre vacío” y se pagaba con actividades ilícitas.

Esas fuentes declararon que el anteriormente mencionado, Ghazi Nasr al Din, cuando laboraba en la Embajada de Venezuela en Damasco presuntamente mantenía una red de fabricación y distribución de pasaportes venezolanos auténticos que eran proporcionados para ocultar las verdaderas identidades de los terroristas.

Lee el artículo original, por Sabrina Martín, en Panam Post.

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